Jacob Morales es uno de los tantos periodistas amenazados en México, uno de los países más letales para ejercer la profesión. La cobertura de temas de corrupción, crimen organizado, violación a derechos humanos y megaproyectos ponen en el punto de mira a los reporteros, cuyas agresiones alcanzan un nivel récord de impunidad del 99,2%. Muchos se han visto obligados a callar o a desplazarse para proteger su vida.

Morales es originario del Estado de Guerrero, ubicado al suroeste de México y hasta la fecha ejerce como periodista allí. Esta región cuenta con una histórica presencia de luchas sociales y también es uno de los lugares donde la violencia, el narcotráfico y la desigualdad han hecho mayores daños. Con una población de 3.4 millones, es una de las regiones más pobres del país, el 40% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza extrema, según cifras del Open Society Justice Initiative.

Desde el 2000, el portal de información Artículo 19 ha documentado el asesinato de 123 periodistas en todo el país. Guerrero es uno de los más violentos, con una tasa de homicidios en aumento, según arrojó un estudio del Institute for Economics and Peace (IEP). De acuerdo con el análisis, también cuenta con el número más alto de ataques a periodistas, con 53 en 2017, que van desde la intimidación hasta el asesinato.

El 11 de marzo de 2018 inició para Morales, corresponsal de El Sur de Guerrero, una historia inacabada de miedo y huida. Alrededor de las 11 de la mañana recibió un mensaje de texto amenazante. En él se le exigía interrumpir la cobertura periodística del proyecto hidroeléctrico La Parota. “Cuando me llegó el mensaje me congelé. Sales con el miedo de “me van matar” y te encierras”, recuerda Morales.  El mensaje estaba acompañado de fotografías suyas y señalaba la zona donde estaba su casa y el camino que frecuentaba para llegar a ella.

Esa noche durmió fuera, al día siguiente regresó a su hogar, empacó su ropa, algunas pertenencias y salió escapando de la muerte. Jacob desconoce quién estuvo detrás del mensaje en su contra, pues según explica “hay muchos intereses tras el proyecto, desde los grandes hasta los pequeños empresarios de Acapulco, inversionistas, el gobierno federal, el gobierno del Estado y las comunidades, tanto la gente que se opone como la que está a favor del proyecto” sostiene.

Cubriendo el proyecto hidroeléctrico La Parota

Durante más de diez años siguió, reportó e investigó el proyecto La Parota, un proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo en Guerrero. En 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la represa como una oportunidad para generar desarrollo y abastecer de energía eléctrica a la ciudad de Acapulco y sus alrededores. Sin embargo, parte de la población autóctona no ha estado nunca de acuerdo. Su construcción implica la inundación de más de 17.000 hectáreas de tierra que afectarían a unos 25.000 campesinos de cinco municipios y que deberían desplazarse. Además, otras 50.000 personas se verían afectadas indirectamente.

Ser periodista en México es un trabajo que pocos quieren hacer. “Hubo un momento, en España, en el que me planteé dejar el periodismo, dedicarme a otra actividad. Sin embargo, dije: “Me van a callar, ¿por qué? No estoy haciendo nada malo, no tengo ningún interés más que el de que llegue la justicia, que la gente goce de sus garantías y que haya un pleno estado de derecho y de libertad”, sostiene Morales.

“Me adentré desde 2009, primero realizando el documental Oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota: una visión desde los pueblos, y después cubriéndolo en el periódico El Sur de Guerrero”, comenta. Sus reportajes dieron eco a las voces de las personas que hasta el momento no habían tenido plataformas para argumentar su posición. “Aquellos que habitaban la zona y explicaban el por qué no querían que sus tierras fueran inundadas por una presa”, sostiene.

A partir del 2002, la CFE intensificó su actividad en la región. Mientras ello ocurría, las pueblos en desacuerdo establecieron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa (CECOP), en el cual, cada domingo, desde hace 15 años, se lleva a cabo una asamblea comunitaria donde se discuten las problemáticas y se organizan para impedir la construcción de la hidroeléctrica. Este espacio era cubierto por Jacob y su equipo hasta que fue intimidado. Jacob recuerda que “el propio periódico sufrió amenazas desde el gobierno, desde la parte empresarial y de las comunidades que de alguna u otra forma habían sido convencidas para estar a favor de este proyecto. No soy el único que fue amedrentado o amenazado.”

Días cruciales: Las detenciones y el exilio

La violencia escala a inicios del 2018. Ese día, en la madrugada, durante una fiesta en la comunidad chocaron opositores y simpatizantes al proyecto. “En el momento que 10 periodistas llegamos, empieza el desarme de los policías comunitarios [guardias de la población indígena]. Creíamos que las autoridades estaban esperando a que la prensa se retirara para poder desarmarlos. Nos movemos para tratar de cubrir una parte del desarme y empieza el intercambio de balazos”, cuenta Morales.

Los eventos ocurridos entre el 7 y 8 de enero dejan como resultado la muerte de dos policías comunitarios y la detención de 25 miembros del CECOP, a quien se les acusó de participar en el homicidio de seis personas. Ante este panorama, Diana Prado, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, sostiene que “las detenciones del CECOP representan un patrón de criminalización y de persecución que hay contra los defensores del territorio”. Patrón que también afecta a periodistas.

“Cuando dejé Acapulco, tras las amenazas, decidí con los directivos del periódico que seguiría trabajando en Chilpancingo, la capital del Estado para resguardar mi integridad y dejar pasar la tensión”, relata el periodista. Luego decide acogerse a un programa de protección a periodistas en Barcelona. “Fue una manera de estar fuera del contexto de violencia en que me encontraba. Me voy a finales de julio y regreso en octubre a México”, relata Morales.

Desde el 2000, el portal de información Artículo 19 ha documentado el asesinato de 123 periodistas en todo el país. Guerrero es uno de los más violentos, con una tasa de homicidios en aumento, según arrojó un estudio del Institute for Economics and Peace (IEP). De acuerdo con el análisis, también cuenta con el número más alto de ataques a periodistas, con 53 en 2017, que van desde la intimidación hasta el asesinato.

Un refugio temporal

Jacob llegó a España dentro del programa “Barcelona protege a periodistas de México” en colaboración con la Taula per Mèxic, organización que aboga por la promoción y defensa de los derechos humanos en México desde Cataluña. Así, esta ciudad se convirtió en el hogar del periodista durante tres meses. Una ciudad donde la vida es muy distinta a la de Acapulco. “Algo que no dejo de tener en mente es la tranquilidad con la que se vive. Ver a los niños en los parques jugando y a sus papás tranquilamente sentados. Esto hace más de 10 años que no ocurre en Acapulco por la situación de violencia”, relata el periodista.

Acapulco, la ciudad más grande de Guerrero, ha sido disputada por grupos armados de delincuencia organizada. Además, tuvo una tasa de homicidios de 106,63 por cada 100.000 habitantes, situándose como la tercera ciudad más peligrosa del mundo. En este contexto, “en Acapulco afuera de las escuelas hay militares vigilando porque pueden llegar a secuestrar al maestro o a algún estudiante” sostiene Morales. Razones suficiente para entender por qué los niños no juegan en el parque y la presencia militar es parte de la cotidianidad desde la presidencia de Felipe Calderón. 

Las continuas amenazas, desapariciones, secuestros y asesinatos evidencian la violencia que padece el estado y como consecuencia de ello, se crea un silencio informativo en muchas zonas. Tal es el caso de La Concepción, donde Jacob tuvo que abandonar la cobertura y su medio de comunicación se ha visto obligado a seguir el caso de la hidroeléctrica La Parota de manera distante.

Su gobierno inició la ofensiva armada en contra de los grupos narcotraficantes, una guerra que desató inseguridad, violencia y violación de derechos humanos.

Ser periodista en México es un trabajo que pocos quieren hacer. La organización Reporteros sin Fronteras informó que las agresiones en contra de periodistas alcanzaron niveles de impunidad del 99,2% y las medidas de protección no fueron suficientes. “Hubo un momento, en España, en el que me planteé dejar el periodismo, dedicarme a otra actividad. Sin embargo, dije: “Me van a callar, ¿por qué? No estoy haciendo nada malo, no tengo ningún interés más que el de que llegue la justicia, que la gente goce de sus garantías y que haya un pleno estado de derecho y de libertad”, explica Morales.

Las zonas de silencio

Actualmente, Jacob sigue trabajando para el periódico el Sur de Guerrero, ahora desde Chilpancingo. Se encarga de cubrir situaciones no violentas, aunque confiesa que es muy difícil porque “hay familias que siguen denunciando desapariciones y asesinatos. Estar desligado de los temas de violencia es muy complicado. Tampoco la clase política se salva. Hay una corrupción brutal que impide justamente decidir dedicarse a cubrir cultura porque también te puedes encontrar con riesgos cubriendo una fuente cultural”, relata.

Actualmente, el periodista está inscrito en el Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que le proporciona un apartamento como refugio. Debe seguir las recomendaciones que éste le da y las medidas cautelares.  “A mi me han dado, como la mayoría, un botón de auxilio para poder activarlo en el momento que requiera algún apoyo de las fuerzas de seguridad”, cuenta Jacob.

Inicialmente rechazó incorporarse al programa pues consideró que su efectividad era mínima e insuficiente. Sin embargo, finalmente decidió adscribirse a él bajo el argumento de que el asesinato de compañeros que rechazan las medidas exculpa a las autoridades de su obligación de proteger. Sostiene que así el Estado Federal no se hace responsable de su asesinato y que además “re-victimiza al periodista por no aceptar las medidas.”

Las continuas amenazas, desapariciones, secuestros y asesinatos evidencian la violencia que padece Guerrero y como consecuencia de ello, se crea un silencio informativo en muchas zonas. Tal es el caso de La Concepción, donde Jacob tuvo que abandonar la cobertura y su medio de comunicación se ha visto obligado a seguir el caso de la hidroeléctrica La Parota de manera distante. “Hay zonas donde compañeros se han quedado solos como reporteros porque la mayoría han huido por miedo a las amenazas. Prácticamente el silencio se ha impuesto y hay grupos de autodefensas que te dicen que sí puedes hacer y que no”, afirma Morales.

Hoy, Jacob Morales es uno de los más de 7.598 desplazados que han tenido que huir de sus casas y pueblos en Guerrero en los últimos dos años, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, a sus 30 años, tiene claro que si no fuera periodista no podría ser nada más. “Dejar de ir a las comunidades y darle voz a las luchas sería callarlas también. Eso me obliga a estar firme y a continuar. Entiendo que lo último que me pueda pasar es que me maten. Tampoco quiero jugar al mártir, pero creo que la función que desempeñamos es fundamental. Guerrero siempre ha exigido justicia y ahí voy a estar”, sostiene.