500 líderes sociales y defensores de derechos humanos son amenazados cada año en Colombia. Jorge Madeiro* es uno de ellos, se vio forzado dejar el país para protegerse. La persecución en su contra y su exilio se dan en un contexto paradójico en el que la implementación del Acuerdo de paz ha estado acompañada por una oleada de violencia. Desde España nos cuenta su historia.

*Su nombre real ha sido cambiado por motivos de seguridad.

El pasado 14 de marzo fue asesinado el líder comunal e integrante de la Asociación Campesina y Ambiental Manantiales (ASOCAM) Alfonso Correa en Casanare. Este podría haber sido Jorge, quien hace más de seis años se desempeña como defensor de derechos humanos en este departamento. En 2018, Jorge empezó a recibir llamadas telefónicas intimidantes, en las que le decían que debía salir del territorio si no quería ser asesinado. Por este motivo, se acogió a un programa de refugio temporal en España.

El aumento de agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos se da en medio de una escalada de violencia en todo el país. En los últimos 15 años, han sido asesinados 598 líderes sociales, y en los primeros seis meses de 2018, 397 fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad, según cifras de la Defensoría del Pueblo y la organización Somos Defensores. Sin embargo, el Gobierno colombiano sigue sin reconocer que se trata de una violencia sistemática.

Jorge Madeiro, oriundo de Bogotá y residente en Casanare, es uno de los tantos líderes que se ha visto obligado dejar su territorio por las amenazas en su contra. La paradoja de su exilio está en ser un defensor de derechos humanos desplazado en tiempos de paz.

Ser defensor de derechos humanos en Casanare

“El Casanare es donde hay más gente desaparecida, que no sabemos dónde quedaron enterrados. Hay cementerios clandestinos porque allí hubo una disputa entre las bandas de Martín Llanos, el Frente 45, décimo y 28 de las FARC. Fueron muchísimas víctimas de parte y parte”, cuenta Jorge.

La historia de Casanare ha estado marcada por una doble problemática. Este departamento, con una alta tasa de pobreza, ha sido históricamente invisible y olvidado por parte del Estado. Sin embargo, sus condiciones geográficas y su riqueza en petróleo y ganado, lo ha hecho estar en la mira de los grupos armados ilegales. A partir de los años 80, las guerrillas de las FARC y el ELN consiguieron un control importante por más de dos décadas. Posteriormente, grupos paramilitares con Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, a la cabeza, utilizaron el asesinato selectivo y sistemático como una forma de control del territorio.

El  boom del petróleo en los años 90 causó una escalada de la violencia, no sólo por la llegada de más hombres armados y por el incremento de las acciones militares, sino, sobre todo, por el seguimiento, señalamiento y asesinato de líderes campesinos y comunales, donde la práctica de la desaparición forzada y el desplazamiento se convirtieron en algo corriente para los grupos armados ilegales, sobretodo, paramilitares.

“Toda esa situación es la que hizo que tuviera coraje para no dejar el territorio abandonado. Claro, ¿con miedo, no? Con mucho miedo porque he recibido amenazas de grupos armados. Pero sigo en pie de lucha y fortaleciendo mis comunidades. Tengo que tomar medidas de protección pero es un orgullo ser defensor de derechos humanos porque la gente me ha creído cuando los he representado”, sostiene Jorge.Al drama que viven las víctimas de un familiar desaparecido se le suma la persistencia de la violencia. Los grupos paramilitares de ‘Llanos’ fueron de los pocos que no se desmovilizaron y han seguido operando en la región. A ellos se suman bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del ELN. Además, de algunas estructuras de disidencias de las FARC. “En la actualidad, les puedo decir que viene una disputa muy grande en el Casanare. De hecho, está un grupo guerrillero activo, por al lado de la capital, de Yopal, que es del ELN, que tiene enfrentamientos constantes con la Fuerza Pública. A parte eso, al irse la guerrilla (FARC) de los territorios han llegado otras bandas a disputarse el poder económico de las empresas petroleras”, comenta Jorge.

El descubrimiento de crudo brindó la oportunidad de obtener beneficios materiales con los que mejorar la economía de la región. Sin embargo, esta riqueza no se ha traducido en mayor inversión social o en la disminución de la violencia. Además, la explotación petrolera ha tenido graves consecuencias medioambientales en la región. Jorge denuncia que ahora se pretende adelantar actividades petroleras -sísmica, exploración y explotación- en la cordillera, donde están las fuentes de agua dulce.

Otra de las consecuencias habituales del desarrollo de estos proyectos es la división de las comunidades. Según explica Jorge: “Lo que ocurre es que hay comunidades que se oponen y hay otras que sí están de acuerdo en que entren la empresas para ganarse un sueldo”.

Esta división y el accionar de los grupos armados ilegales obligaron a este líder social a dejar el país. “Comencé a recibir llamadas telefónicas intimidatorias. Sabían a qué me dedicaba y comenzaron a decirme que si no me iba, podía ir alistando ´la pijama de palo´. El ataúd. Yo denuncié la situación ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, y me dirigí a la organización de derechos humanos con la que trabajo. Ellos me ofrecieron un programa de estadía en España durante unos meses. Lo pensé y como estaba en riesgo me fui”, denuncia Jorge.

El exilio en tiempos de paz

En septiembre de 2018 Jorge llegó a España. En este país se ha dedicado principalmente a estudiar. Se ha capacitado en seminarios de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Barcelona, algo muy importante para él. “Estar aquí en Europa y llegar a pisar las puertas de la Universidad, con otros muchachos de diferentes nacionalidades, fue muy emocionante porque en Colombia no había tenido la oportunidad de estudiar”, cuenta.

También se ha dedicado a dar charlas para visibilizar el conflicto colombiano y ha seguido denunciando los riesgos en contra de líderes y las demoras en la implementación de la paz en Colombia.

“Los programas de acogida le salvan la vida a uno”, explica. Sin embargo, para él estar fuera ha sido difícil. Al salir del país tuvo que dejar atrás a su esposa, sus hijos y su organización. A pesar de ello, Jorge dice que se queda con los conocimientos que aprendió para su vida personal y para su trabajo social. “Experiencias muy buenas y la suerte de haber tenido esta oportunidad porque ´no todo el mundo la tiene´", advierte.

La vuelta no será fácil

Después de seis meses de estar fuera, Jorge debe regresar. Su retorno está poblado de dudas, miedo e incertidumbre, pues la situación de violencia en Casanare ha empeorado. A esto se suma la preocupación frente a la inoperancia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de coordinar y prestar seguridad a las personas que están en riesgo. En noviembre de 2018, según el Ministerio del Interior, un total de 6.200 líderes sociales habían pedido seguridad a la UNP. De este número, solo 3.733 recibieron protección integral. A pesar de ello, durante el 2016 y 2018, fueron asesinadas 431 personas bajo la protección de algún esquema de seguridad.

La UNP ha estado en el ojo del huracán por desfalcos presupuestales, huelgas ocasionadas por el no pago de salarios y la renuncia de su entonces director. Sin embargo, para la organización Somos Defensores, “la mayor preocupación es que con 739 funcionarios de la UNP es casi imposible ser efectivos en la demanda de protección estatal”.

Jorge desconfía de este mecanismo. Asegura que “incluso con los escoltas de la UNP muchos líderes han sido asesinados. Los esquemas de seguridad no han funcionado y ponerse uno es como ponerse en bandeja de plata”. Por este motivo, prefiere buscar otras alternativas como irse a Yopal o cambiar de departamento. Aún así, Jorge espera que se emprendan acciones para hacer efectiva su protección y la de otros tantos defensores de DDHH. “Desde el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional se debe generar confianza, sacar leyes que protejan a los líderes sociales. También se debería cubrir con Fuerza Pública aquellos territorios que están abandonados”, recomienda.

En un período marcado por un contexto de paz, sus mayores impulsores y defensores, especialmente desde los territorios, han pagado el costo más alto. Faltará ver si la respuesta del Gobierno al poner en marcha un Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO) será efectivo o no. Éste, ya ha sido criticado desde organizaciones sociales por el enfoque militar, más no preventivo, que ofrece.